La otra Iglesia

Un sacerdote fue sancionado por la cúpula de la Iglesia de Santiago del Estero por cuestionar la actuación de la jerarquía de la Iglesia durante la dictadura cívico militar argentina.

El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres responsabilizó a los obispos de Santiago del Estero Francisco Polti (ordinario) y Ariel Torrado (auxiliar) de haber separado al sacerdote Roberto Murall de sus funciones por cuestionar la actuación de la jerarquía de la Iglesia durante la última dictadura cívico militar.

Una carta abierta dirigida a las máximas autoridades de la Iglesia católica en esa diócesis, en la que el grupo cuestiona además el silencio de los obispos argentinos, fue difundida tras la última misa celebrada por el religioso en Pozo Hondo, donde trabajó como sacerdote desde hace 14 años.

«Señores: creemos que se terminó la hora de la diplomacia epistolar. Estamos dolidos y con profunda amargura. No vamos a dirigirnos a ustedes con el habitual «estimado» o «de nuestra consideración», porque sería una falsedad. No nos inspira ninguna estima ni consideración la gente que se esconde o es cobarde», dice el primer párrafo de la carta abierta.

El texto sigue: «Ustedes no supieron ni quisieron saber qué pensaban las comunidades acerca del ministerio de Roberto Murall en la diócesis; no supieron ni quisieron saber qué hacía o dejaba de hacer él como pastor porque nunca hicieron una visita pastoral; no supieron ni quisieron saber si desempeñaba un ministerio fraterno y evangélico.»

«Sólo supieron y quisieron saber que Roberto, con el resto del Secretariado del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, manifestó públicamente su rechazo al accionar de la jerarquía en tiempos de la dictadura genocida«, dice el texto dirigido a los obispos responsables de la separación del sacerdote.

La comunión a Videla. Y de «su repudio de que el degradado ex general Videla reciba la comunión a pesar de haber confesado (sin arrepentimiento público alguno) que fue responsable de crímenes de lesa humanidad.»

Buenos Oficios

Videla habló con una revista de Córdoba sobre la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar. El rol de Laghi y Primatesta y el testimonio de un ex sacerdote. No sólo asesoraron a la Junta sobre cómo manejar la cuestión de los detenidos-desaparecidos. También le ofrecieron sus “buenos oficios” para informar a algunas familias del asesinato de sus hijos garantizando que no lo hicieran público.  Se comprende por qué hasta hoy la Iglesia no ha excomulgado a Videla.

Por Horacio Verbitsky, para Página 12

El ex dictador Jorge Videla dijo que el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la Iglesia Católica de la Argentina Raúl Primatesta, y otros obispos de la Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la situación de las personas detenidas-desaparecidas. Según Videla la Iglesia “ofreció sus buenos oficios” para que el gobierno de facto informara de la muerte de sus hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la búsqueda. Esto confirma el conocimiento de primera mano que esa institución tenía sobre los crímenes de la dictadura militar, como consta en los documentos secretos cuya autenticidad el Episcopado reconoció ante la justicia hace dos meses. Pero además muestra un involucramiento episcopal activo para que esa información no trascendiera tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas, de cuyo silencio la Iglesia era garante.

[Seguir leyendo]

Robo de bebés durante la dictadura argentina

Saberlo y no denunciarlo, ¿no es complicidad?

EEUU sabía que la dictadura militar argentina tenía un plan de sustracción de hijos de detenidos -desaparecidos-, y que había muchos casos de apropiaciones ilegales por parte de familias afines al régimen.

Así lo declaró el ex secretario de Derechos Humanos del Departamento de Estado Norteamericano durante la presidencia de Reagan, Elliott Abrams.

El ex diplomático señaló que “había muchas juntas militares en  América Latina pero yo no recuerdo otro tema como este” de  sustracciones de niños, y valoró que el de Argentina “fue el peor caso”  de violaciones a los derechos humanos con criaturas, ocurridas en  los países del sur del continente. “Estábamos al tanto de que niños habían sido sustraídos a sus familias y se entregaban a otras familias cuando sus padres  estaban prisioneros o muertos”, aseveró el ex funcionario de Reagan.

Confió que para el Departamento de Estado constituía “un  problema muy serio de violación a los derechos humanos, el más  importante, porque se trataba de niños vivos y eran muchos los que estaban  en esa situación”.

Cuando le preguntaron si conocían una cifra concreta, Abrams respondió que “sabíamos que no eran sólo uno o dos niños, sino  que existía un patrón, un plan, porque había mucha gente que estaba  siendo asesinada o encarcelada”, añadió.

Recordó haber abordado el asunto con el embajador de la  dictadura en Washington, Lucio García del Solar, durante una reunión  celebrada el 3 de diciembre de 1982 en el Departamento de Estado, en  horas del almuerzo, y que allí “le indicamos al Gobierno argentino  que este era un problema terrible y muy complicado de resolver”.

[Seguir leyendo]

Y se dictó sentencia

La ciudad de Rosario fue protagonista hoy de un hecho histórico cuando a las 12 el Tribunal Oral Federal Nº 1 dictó sentencia contra cinco imputados en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina.

Se trata de la sentencia de los represores Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, quienes fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de La Calamita, La Quinta de Funes, La Intermedia, Escuela Magnasco, y la ex-Fábrica Militar Domingo Matheu.

En el fallo quedó explicitado que las condenas se cumplirán en cárceles comunes. Los casos de Guerrieri y Costanzo serán analizados, ya que ambos represores venían cumpliendo prisión domiciliaria por razones de salud.

Miles de personas en las adyacencias del Tribunal saludaron con aplausos la lectura de las condenas luego de esperar con expectación el veredicto en la causa. Los representantes de los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales congregados para escuchar el fallo mostraron satisfacción y coincidieron en que las condenas estuvieron a la altura de todo lo que se produjo en función de las pruebas y documentos.

Artículos relacionados diario La Capital

• Toniolli: «Nunca tuvimos dudas de que la pena sería prisión perpetua»
• La fiscal Colalongo calificó al fallo de «ejemplar»
• Eduardo Luis Duhalde: «Es un triunfo de la verdad sobre la impunidad»
• Detuvieron a otros cinco represores por secuestros y torturas
• Causa Guerrieri: Rosario no duerme esperando una sentencia ejemplar
• Procesan a los sospechosos por el asesinato de Suppo
• Poch y los «vuelos de la muerte»

Alegatos de los querellantes

Algo más sobre un infierno

Por la memoria, la verdad y la justicia

Hoy se ha iniciado en Rosario, Argentina, una etapa histórica. Ha comenzado el primer juicio oral a represores de la Dictadura Militar por delitos de lesa humanidad.

Quizás para el grueso de la sociedad sea un hecho poco destacado. Las urgencias del bolsillo, las necesidades cotidianas, las banalidades con las que se nos bombardea desde los medios de comunicación,  ponen un velo sobre el dolor y el terror que se desató en el país hace más de 30 años.

No es de locos suponer que para gran parte de la sociedad argentina los horrores del pasado deberían estar ya enterrados y superados. Sin duda, para muchos de los que no sufrieron en carne propia las atrocidades de aquella dictadura, el comienzo de estos juicios es un tema más dentro de los titulares de los diarios, pero en cambio, para aquellos que sufrieron de cerca el terror, que supieron luchar y perseverar reclamando justicia a lo largo de tantos años, el haber arribado a esta instancia es un importantísimo triunfo.

No se puede pretender enfrentar el futuro sin que se haya esclarecido y juzgado los crímenes cometidos durante los años en que el Terrorismo de Estado pisoteó los derechos civiles ignorando cualquier idea de justicia o piedad. Éso es básico. La verdad tiene que surgir, los culpables deben ser condenados y la sociedad ha de asumir como propio un pasado vergonzoso imposible de soslayar.

Para quien quiera sumergirse en el infierno de lo que fue y que hoy debe ser juzgado y condenado, les dejo el enlace a una página construida con el esfuerzo y testimonio de las víctimas sobrevivientes, sus amigos y familiares, con el objetivo de recaudar y concentrar la mayor cantidad de información sobre los responsables, los centros de detención ilegal, la manera de operar, la desaparición de personas, y demás horrores de aquellos años de horror en donde el Infierno tuvo sede en Argentina y se llamó Dictadura Militar.

 Ciudadana Mónica

Juicio a represores argentinos por delitos de lesa humanidad

Juicio a represores

Acabo de enterarme de que el lunes comenzará el primer juicio por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar en centros clandestinos del Gran Rosario, entre ellos la Quinta de Funes, y en la ex- fábrica militar de Armas Portátiles Domingo Matheu. Para todos los que creemos en la justicia, a pesar de su lentitud y las sombras de corrupción que suelen envolver al sistema judicial argentino, ésta es una noticia muy esperada.

El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario juzgará al ex-teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex-mayor Jorge Fariña, el ex-teniente Juan Amelong y los agentes civiles Eduardo Constanzo y Walter Pagano, actualmente detenidos en el penal bonaerense de Marcos Paz.

Este juicio es el primero de los que comenzarán en la provincia de Santa Fe. Para su realización, el gobierno nacional desclasificó documentación sobre personal civil de inteligencia que actuó durante la dictadura militar, con objeto de poder ser utilizados en el proceso.

En la causa conocida como Guerrieri, en la que se investigan delitos cometidos en perjuicio de 28 víctimas, se juzgarán los hechos ocurridos entre 1977 y 1978 en la ex-fábrica militar de Armas Portátiles Domingo Matheu, y en los centros de detención conocidos Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y La Calamita. Incluyen los crímenes sufridos por Fernando Dussex, Eduardo Toniolli, Alicia Gutiérrez, Sebastián Álvarez y María Cecilia Nazábal.

Guerrieri, ex-agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del centro clandestino de detención conocido como Quinta de Funes está acusado, además, de intervenir a mediados de 1983 en el secuestro en el bar Magnum de Rosario, de los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, que un día después aparecieron muertos en un supuesto enfrentamiento, episodio en el que también figura como implicado el ex-subcomisario Luis Patti.

En el centro clandestino de detención conocido como la Quinta de Funes estuvieron secuestradas dieciséis personas, además de Dri, quienes fueron torturadas y posteriormente desaparecidas.

Dichos juicios serán transmitidos por Internet por el gobierno provincial. A través de la Secretaría de Comunicación Social, que ofreció su colaboración con la Justicia federal y de esta forma, a través de su página web el gobierno transmitirá las partes del juicio autorizadas por el Tribunal y facilitará a los medios televisivos de la provincia y de todo el país una conexión satelital para que los canales bajen la señal en forma gratuita. Con esta medida se busca garantizar el acceso a la información de la ciudadanía en relación a estos juicios históricos, en los que se juzgan las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, como un aporte a la democracia y a la búsqueda de memoria, verdad y justicia, indicaron desde la Gobernación.

La transmisión se reproducirá por pantalla gigante, en circuito cerrado, en el auditorio de la Cámara Federal de Rosario. Ésto motivó las quejas de los organismos de derechos humanos, quienes sostienen que se debería tener acceso libre y público al recinto donde se desarrollará el proceso oral contra los acusados de delitos de lesa humanidad.

 

Los juzga un tribunal, los condenamos todos!

 Ciudadana Mónica

Los gobiernos sólo realizan lo que los pueblos piden con autoridad y firmeza | Scalabrini Ortiz