El derecho de los pueblos

6 may

Comunidad Sarayaku | En lucha por sus legítimos derechos

Desde hace 9 años, la comunidad indígena de Sarayaku mantiene con el gobierno ecuatoriano una disputa a causa de la intención gubernamental de otorgar a la empresa petrolera argentina CGC  los derechos de la explotación petrolera dentro del territorio de  la comunidad pasando por encima de sus derechos.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha hecho presente en la zona a instancias de una demanda planteada en contra del Estado por parte de esa comunidad en 1996, precisamente por otorgar derechos de explotación de sus tierras sin su consentimiento.

Los pobladores reclaman al Estado por otorgar una concesión petrolera en su territorio sin su consentimiento. Al menos 1200 sarayaku esperan una sentencia a su favor y que se cree un precedente legal para América Latina que obligue a los Gobiernos a preguntar a las comunidades indígenas antes de dar concesiones petroleras o mineras.

Durante la visita de los jueces de la CIDH, el presidente Correa ha manifestado tener la intención de no actuar intempestivamente “proceder con toda reparación que haya que realizar en la comunidad de Sarayaku, no vamos a realizar ninguna explotación petrolera sin consultar a las comunidades afectadas”.

Sin embargo, para la abogada Viviana Krsticevic -del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)- “en el sistema interamericano las reparaciones no deben hacerse necesariamente con compensaciones económicas”. De igual manera piensa Mario Melo, abogado de los demandantes y asesor de la Fundación Pachamama, “para Sarayaku su territorio es vida, ellos dependen de él y las petroleras aquí no han sembrado vida, sino dinamita y muerte. Es por ello que la comunidad demanda la aprobación de la declaración de Selva Viviente (Kawsak Sacha) de su territorio. Esa sería la verdadera reparación del Estado con el Pueblo de Sarayaku”.

La declaratoria de Selva Viviente al territorio de Sarayaku implicaría que este se mantenga libre de actividad extractiva y biopiratería, tal y como lo solicitan los demandantes. Al tiempo mismo tiempo que el asesor jurídico de la Presidencia planteaba públicamente la necesidad de llegar a un acuerdo entre la comunidad de Sarayaku y el Estado ecuatoriano al margen del CIDH, a 280 kilómetros de distancia en su Enlace Ciudadano realizado en el barrio de la Vicentina en Quito, el presidente Correa acusaba a las ONG Parole de Nature, World Wildlife Found WWF, Movement D´actions à travers le monde y Alter Voyages de estar en una campaña internacional contra el Ecuador: “estos gringuitos con su panza bien llena que vayan a impedir a Francia que refine petróleo que haga armas nucleares pero que no vengan a imponer sus caprichos e instigaciones aquí en nuestro país condenándonos a la miseria”.

Pormenores del conflicto

Desde inicios de 2003, Sarayaku acudió ante la CIDH solicitando su intervención urgente con el fin de salvaguardar sus derechos violados durante la campaña de sísmica que intentó desarrollar la petrolera CGC. En mayo de 2006 la CIDH dictaba medidas Medidas Cautelares a favor de la vida e integridad de la comunidad y de su relación especial con el territorio. El Estado ecuatoriano desoyó sistemáticamente estas medidas hasta que en diciembre de 2007 se vio obligado a enviar un retén militar con el fin de retirar la pentolita (dinamita) del territorio y anular la concesión petrolera. La pentolita enterrada en el subsuelo de la comunidad se cuantifica en una tonelada y media de explosivos de los cuales apenas fueron retirados 14 kilogramos, es decir el 1%. Ante esta situación diversas autoridades del actual Gobierno han declarado que el riesgo es menor dado que dichos explosivos a pesar de estar ubicados en territorios de caza y tránsito de personas no están conectados a dispositivos de detonación y son biodegradables, tesis cuestionada por los miembros de la comunidad afectada.

Los tiempos de los afectados no son los mismos que manejan quienes deben dictaminar justicia

Diego García-Sayán, abogado y escritor peruano, es juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicha corte fue su Vicepresidente y, el 25 de noviembre de 2009, fue electo para ser su Presidente, lo cual rige desde el 2010, por un período de dos años.

 ¿Cuál es su sensación tras visitar la comunidad de Sarayaku?

Para nosotros esta ha sido una jornada histórica porque es la primera vez que la Corte Interamericana visita una comunidad indígena para recoger testimonios y oír sobre el terreno lo que esperan los afectados de nosotros.

¿Tras nueve años de proceso y con todos los trámites agotados, por donde irá la resolución de la CIDH?

El proceso está en curso, no puedo anticipar un dictamen. Acá estamos apenas dos de los jueces que componemos la Corte interamericana. Los testimonios levantados serán llevados al conjunto de miembros de la CIDH y deben ser analizados por todos. Con respecto a los tiempos, debo indicarle que aunque la demanda se interpuso hace nueve años, la Corte empezó a conocer el proceso hace apenas dos años. Lo que sí le puedo indicar es que nuestra intención es dictaminar cuanto antes, esperemos que sea posible dentro de este mismo año y con ello generar tranquilidad a las partes en conflicto.

Fuentes:

Vamos a cambiar el mundo

Diario el comercio

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  1. Bitacoras.com - 6 mayo, 2012

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